Seguirá detenido mientras se sustancia el juicio
Por Martín Angulo
El secretario general de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza, quedó más complicado por el crimen del militante del Partido Obrero (PO) Mariano Ferreyra: la jueza de instrucción Wilma López lo procesó ayer como “instigador” del homicidio y dispuso que siga detenido.
Para la jueza, Pedraza instigó el accionar de la patota para “asegurar el poder económico y político” que tiene desde 1994 en la UF a través de la contratación de personal tercerizado mediante empresas ligadas a él mismo.
“Es condición necesaria e indispensable, para mantener ese poder, conservar su cargo dentro del gremio, circunstancia esta que se encontraría asegurada mientras la Unión Ferroviaria continúe determinando el ingreso de personal a las distintas empresas ferroviarias. De esta forma se asegura la fidelidad política de quienes ingresan y su afiliación a la lista verde, que él encabeza”, sostuvo López.
Así la jueza avaló la hipótesis económica del crimen ya que resaltó que Pedraza tiene participación en Belgrano Cargas SA y la Cooperativa de Trabajo Unión del Personal Limitada, que presta servicios para UGOFE SA, ALL Mesopotámica, Viluco y S.O.E S.A., que decide el ingreso de personal.
“Al impedir la incorporación de los trabajadores tercerizados se evitaba el ingreso de un número importante de obreros potencialmente contrarios” a sus intereses, ya que en su mayoría eran empleados que no respondían a la conducción del gremio y podrían formar listas opositoras. “De esta forma ponen en peligro el resto de las prerrogativas que tienen en su rol de dirigente sindical”, advirtió la jueza, y marcó así la doble condición de empresario y gremialista de Pedraza.
La magistrada ratificó la existencia de un “plan común” entre los diez detenidos que hay en la causa para evitar el reclamo de los empleados ferroviarios tercerizados tras su despedido. El 20 de octubre pasado, los trabajadores cesanteados intentaron reclamar sobre las vías del ferrocarril Roca, pero fueron agredidos por la patota en Barracas. Pedraza fue procesado por el delito de homicidio calificado de Ferreyra y de homicidio calificado en grado de tentativa por las heridas de bala que recibieron Nelson Aguirre, Ariel Pintos y Elsa Rodríguez.
También fue procesado como instigador del crimen el secretario administrativo de la UF, Juan Carlos “Gallego” Fernández, y el delegado gremial Claudio Alcorcel, al que se le adjudicó un rol de partícipe necesario en el hecho.
La jueza señaló además que Pedraza y Fernández, quienes el día del hecho estaban juntos en la sede de la UF, acordaron “aleccionar a los tercerizados para que desistieran del corte de vías que intentaban realizar, como así también de futuras interrupciones, para lo cual indicó la presencia en el lugar de la fuerza de choque, y determinó la realización de los disparos de arma de fuego contra los manifestantes”. Fernández se comunicó por teléfono varias veces con el delegado Pablo Díaz, también preso y sindicado como el reclutador de la patota, a quien le daba “las indicaciones sobre cómo proceder” y, tras los hechos, le ordenó que se retirara del lugar.
Por último, a Alcorcel lo sindicó como quien llevó al lugar al barrabrava Cristian “Harry” Favale, acusado de ser uno de los autores de los disparos, y de “haber alentado a sus compañeros a que avancen sobre los tercerizados”. El abogado de los tres procesados, Carlos Froment, adelantó que apelará la decisión a la Cámara del Crimen, que el próximo 31 de marzo resolverá si excarcela a al gremialista. Pedraza había sido detenido en la madrugada del 22 de febrero pasado en su lujoso departamento del edificio “El Faro”, en Puerto Madero, tras varios allanamientos.
Para la jueza, Pedraza instigó el accionar de la patota para “asegurar el poder económico y político” que tiene desde 1994 en la UF a través de la contratación de personal tercerizado mediante empresas ligadas a él mismo.
“Es condición necesaria e indispensable, para mantener ese poder, conservar su cargo dentro del gremio, circunstancia esta que se encontraría asegurada mientras la Unión Ferroviaria continúe determinando el ingreso de personal a las distintas empresas ferroviarias. De esta forma se asegura la fidelidad política de quienes ingresan y su afiliación a la lista verde, que él encabeza”, sostuvo López.
Así la jueza avaló la hipótesis económica del crimen ya que resaltó que Pedraza tiene participación en Belgrano Cargas SA y la Cooperativa de Trabajo Unión del Personal Limitada, que presta servicios para UGOFE SA, ALL Mesopotámica, Viluco y S.O.E S.A., que decide el ingreso de personal.
“Al impedir la incorporación de los trabajadores tercerizados se evitaba el ingreso de un número importante de obreros potencialmente contrarios” a sus intereses, ya que en su mayoría eran empleados que no respondían a la conducción del gremio y podrían formar listas opositoras. “De esta forma ponen en peligro el resto de las prerrogativas que tienen en su rol de dirigente sindical”, advirtió la jueza, y marcó así la doble condición de empresario y gremialista de Pedraza.
La magistrada ratificó la existencia de un “plan común” entre los diez detenidos que hay en la causa para evitar el reclamo de los empleados ferroviarios tercerizados tras su despedido. El 20 de octubre pasado, los trabajadores cesanteados intentaron reclamar sobre las vías del ferrocarril Roca, pero fueron agredidos por la patota en Barracas. Pedraza fue procesado por el delito de homicidio calificado de Ferreyra y de homicidio calificado en grado de tentativa por las heridas de bala que recibieron Nelson Aguirre, Ariel Pintos y Elsa Rodríguez.
También fue procesado como instigador del crimen el secretario administrativo de la UF, Juan Carlos “Gallego” Fernández, y el delegado gremial Claudio Alcorcel, al que se le adjudicó un rol de partícipe necesario en el hecho.
La jueza señaló además que Pedraza y Fernández, quienes el día del hecho estaban juntos en la sede de la UF, acordaron “aleccionar a los tercerizados para que desistieran del corte de vías que intentaban realizar, como así también de futuras interrupciones, para lo cual indicó la presencia en el lugar de la fuerza de choque, y determinó la realización de los disparos de arma de fuego contra los manifestantes”. Fernández se comunicó por teléfono varias veces con el delegado Pablo Díaz, también preso y sindicado como el reclutador de la patota, a quien le daba “las indicaciones sobre cómo proceder” y, tras los hechos, le ordenó que se retirara del lugar.
Por último, a Alcorcel lo sindicó como quien llevó al lugar al barrabrava Cristian “Harry” Favale, acusado de ser uno de los autores de los disparos, y de “haber alentado a sus compañeros a que avancen sobre los tercerizados”. El abogado de los tres procesados, Carlos Froment, adelantó que apelará la decisión a la Cámara del Crimen, que el próximo 31 de marzo resolverá si excarcela a al gremialista. Pedraza había sido detenido en la madrugada del 22 de febrero pasado en su lujoso departamento del edificio “El Faro”, en Puerto Madero, tras varios allanamientos.
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